Discursos

Quiero agradecer la presencia de todas y todos en este acto público y solemne, prescripto por ley de nuestra provincia, para dar inicio al año judicial 2023.

Agradecer a mis colegas que me han confiado la enorme responsabilidad institucional de presidirla durante el año en curso y al procurador de la Corte.

A las autoridades presentes, a la representante del Gobernador, al señor Intendente Rosario y Santa Fe, a la Sra. Presidenta de la Junta Federal de Cortes de las provincias argentinas y CABA, al Fiscal y Defensora General de la provincia, al Presidente del Colegio de Magistrados y Funcionario, y a todas y todos los actores de los poderes públicos, de la magistratura, a las autoridades eclesiásticas, policiales y de instituciones intermedias.

Agradecer en particular a los presidentes de los Colegios de Abogados, a la Federación de Colegio de Abogados de la provincia de Santa Fe, con quién la Corte como cabeza del poder Judicial ha reestablecido un diálogo permanente y positivo, con respeto y aportes recíprocos que enriquecen. La abogacía, las y los abogados como verdaderos operadores del sistema de justicia tienen también una responsabilidad no sólo con la ética en el ejercicio de tan noble y digna profesión, sino también en el reforzamiento de la independencia judicial y, a la par, en los controles que hacen a la responsabilidad funcional. Ellos nos ayudan a ver, a quiénes desempeñamos la función judicial, que los únicos problemas que existen no son sólo los que nosotros vemos, que existen otros problemas que debemos atender y que están dispuestos a acompañar con consensos y disensos las reformas necesarias para mejorar el servicio de justicia aun cuando algunas de esas reformas puedan incomodar la propia labor profesional.

Pero especialmente quiero agradecer y destacar la presencia de familiares de niñas, niños, mujeres y hombres que hoy viven en nuestro recuerdo, familiares que, a pesar de su dolor, nos acompañan y nos comprometen a pellizcarnos todos los días para preguntarnos qué estamos haciendo y qué y cuánto podemos hacer para prestigiar nuestra función y servir a la comunidad.

No quiero con esto asumir para el judicial responsabilidades que están fuera de su competencia pero si reafirmar que vamos a estar cuando nos necesiten, que vamos a formular propuestas y, en el ámbito de nuestra competencia funcional, a capacitarnos para profundizar en clave realista la actividad de análisis jurídico, que es la herramienta central del judicial, asumiendo que la justicia debe resguardar siempre a los más débiles y que los operadores judiciales deben desarrollar una especial sensibilidad frente a las lesiones a la dignidad humana, para no naturalizar situaciones inaceptables y para que la técnica jurídica elevada a ontología que proponen algunas corrientes jurídicas, no nos lleve al lugar de aquel famoso guillotinador que todas las mañanas limpiaba la cuchilla para no ensuciar a la víctima.

Cuidado con el idealismo y el normativismo extremo que como bien ha advertido Francisco en la Carta dirigida el año pasado a académicos y magistrados, lejos de una virtud contribuyen a reforzar los rasgos autoritarios del ejercicio de poder.

No puedo menos que agradecer a juezas y jueces, funcionarios judiciales, integrantes del Ministerio Público y la de la Defensa penal y extrapenal, obviamente a aquellos que saben que honran la función, a aquellos que soportan la mayor carga de trabajo y exigencias porque debemos saber que tenemos un territorio tan extenso como asimétrico, que las asimetrías se dan incluso entre fueros de un mismo espacio y que debemos abrir el debate interno, el de la comunidad y los otros poderes estatales para terminar con estructuras rígidas y un modelo de organización y gestión, preponderante a nivel nacional y entre nosotros en los fueros civil, laboral y contencioso, que remonta a la época de la colonia aunque su matriz tenga genealogía medieval y que dificulta la posibilidad de equilibrar las carga de trabajo, de recuperar publicidad y transparencia, como condición constitucional de cualquier acto de gobierno (incluso de cualquier poder, comisiones del senado), mejorar la trazabilidad de los procesos y con ello los tiempos de las respuestas institucionales que, vale advertir, no sólo dependen de cambios estructurales, fáciles de implementar normativamente, sino fundamentalmente de cambios culturales y de la propia actividad de la abogacía que en materia de procesos dispositivos tiene un rol decisivo para resolver los problemas de mora judicial.

Hoy estamos en Rosario, porque nuestra Corte provincial, cuya sede es la ciudad capital de Santa Fe, ha decidido llevar a cabo este acto de inicio del año judicial aquí en un momento y contexto muy especial, no sólo por el carácter simbólico que conlleva sino por el mensaje que queremos transmitir a toda la Argentina de que estamos juntos para dar cuenta de nuestro compromiso y vocación para asumir el grave problema que afecta a las y los rosarinos, especialmente a los más postergados y desprotegidos, y a comprometer a partir de esta fuerte presencia institucional todos los esfuerzos necesarios para cambiar este presente y proyectar un futuro con más derechos y en paz.

Desde siempre esta ocasión se ha convertido en el punto de partida para que esta Corte Suprema trace la línea del deber y el haber en la marcha y actuación del Poder Judicial de la Provincia.

Con mi limitada capacidad de síntesis he estructurado este cometido en tres grandes momentos.

El primero procura dar cuenta, de modo sintético, de lo que hemos y estamos haciendo; el segundo –más breve aún-, marcar debilidades que requieren de la asistencia de los otros poderes del estado provincial; por último, el momento de la reflexión sobre el complejo tiempo que atraviesa al judicial, a la política y a la propia legitimidad y estabilidad democrática y en particular la situación de esta región.

I) Queremos rendir cuentas de las políticas sostenidas que esta Corte ha iniciado y profundizado en estos últimos años. Son decisiones estratégicas que están por encima de las distintas cosmovisiones que cada uno de nosotras y nosotros tenemos.

I) PLAN DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA Y OBRAS EN EJECUCIÓN.

Hemos continuado, con el indispensable aporte del Poder Ejecutivo y también de la Legislatura, el ambicioso plan de infraestructura edilicia derivado del acuerdo que hace años suscribiera el entonces gobernador Miguel Lifschitz y el Dr. Gutierrez, en ejercicio de la presidencia del tribunal.

En ese marco se concretaron la construcción de los Nuevos Tribunales de San Cristóbal, Reconquista, la climatización integral del Edificio de los Tribunales de Rosario, la adquisición en la ciudad de Santa Fe y de Cañada de Gómez de un nuevo inmueble para el Poder Judicial.

La actual gestión del Gobernador Perotti ha garantizado la continuidad del plan de obras, mientras avanza la terminación del anexo del palacio de justicia de los tribunales penales de Santa Fe; se continúan las obras del edificio de San Lorenzo y también para los tribunales de Casilda, tan reclamados por la política y comunidad de esa ciudad, en lugar asignado hace años por el ejecutivo provincial, incluido luego en el relacionado plan de infraestructura y cuya localización y afectación presupuestaria fuera aprobada por la Legislatura, con la intervención del Ministerio del Ambiente (400 especies de árboles).

Por su parte el poder ejecutivo adjudicó el predio que permitirá una construcción para la justicia penal de Venado Tuerto.

2) Mediación

Vinculado al acceso a la justicia y bajo las estructuras de dirección y gestión del Centro de Mediación en las ciudades de Santa Fe y Rosario, integrado por funcionarios y agentes judiciales que se desempeñan fuera de horario de trabajo y de modo gratuito, prestando un servicio voluntario y gratuito para las partes, nuestra Corte pionera a nivel nacional ha llegado a capacitar a cerca de 1000 mediadores, existiendo 723 habilitados y distribuidos en todo el territorio provincial.

En el año 2022 se concretaron 6412 mediaciones; 2662 en el ámbito penal y 3750 en el civil.

3) Capacitación.

Una cuestión relevante es la vinculada a la capacitación y entrenamiento, la que ha sido abierta también a abogados y otros auxiliares de la justicia. Es un objetivo central en la agenda histórica de la corte, en el convencimiento que no sólo constituye un derecho sino también un deber ético como condición indispensable para garantizar idoneidad y fortalecer la independencia judicial que, no por obvio, vale destacar no es un privilegio de los jueces sino una garantía del ciudadano.

El Centro de Capacitación, a cuya dirección e integrantes quiero expresar nuestro reconocimiento, viene cumpliendo una enconmiable tarea dirigida especialmente a una capacitación operativa funcional. A los cursos anuales de Magistratura, Periodismo Judicial, capacitación para empleados, Informática y Pericias Judiciales, se suman innumerables cursos y talleres sobre justicia penal juvenil, personas con capacidades diferentes y seminarios implementados en convenio con PE provincial sobre las “100 reglas de Brasilia de acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad”.

Este año nuestra provincia ha sido elegida por UNICEF para capacitar sobre la problemática de niñez y adolescencia, nuestro curso en el Centro de Capacitación ya cuenta con más de 300 inscriptos; también se encuentran programados para el primer y segundo semestre, un seminario sobre protección de derechos humanos y un curso sobre derechos del consumidor.

Dada la relevancia de la problemática involucrada nos hemos avocado hace años a impulsar un proceso de incorporación de la perspectiva de género en la prestación del servicio de justicia, en tanto la situación desigual de las mujeres constituye un caso especial entre todas las discriminaciones sociales. Acabar con las condiciones que han permitido su desigualdad social y política sería, después de la liberación de los esclavos, la mayor revolución emancipadora. Y en ese cometido continuamos año a año con la capacitación en materia de género (Ley Micaela); hemos firmado recientemente un convenio con el Consejo de la magistratura provincial para el reconocimiento de nuestros cursos y estamos próximos a firmar un Convenio de asistencia y capacitación con el Ministerio de Igualdad, Género y Diversidad de la provincia.

Más de 100 integrantes de nuestro poder judicial trabaja gratuitamente en el Centro de capacitación y tanto esa labor de dirección, coordinación como los cursos y talleres se dictan siempre fuera del horario reglamentario de trabajo. En el 2022 la capacitación alcanzó a más de 3200 cursantes.

He dejado pendiente de mención el curso de capacitación organizado para jueces de primera instancia de todos los fueros sobre sistemas de audiencias públicas y orales, admisibilidad de la prueba y audiencia preliminar.

Y me permito aquí una primera reflexión crítica porque jueces y abogados debemos asumir el impacto que la buena o mala litigación tiene en la trazabilidad de los procesos, los tiempos de la justicia y la calidad de sus decisiones. Y no litigamos demasiado bien. Porque no se asume, por las partes, la necesidad de una oportuna construcción estratégica del caso; ni los jueces la función o rol que deben cumplir, mucho menos cuando la falta de audiencias públicas permite trabajar de espaldas a la gente, de modo cuasi secreto. Reivindicamos el sistema de audiencias públicas y orales pero los jueces debemos internalizar que tenemos una responsabilidad con el caso, dentro de la audiencia pero también por fuera de la audiencia porque la falta de dirección y ejercicio de la función impacta además en todo el sistema de organización y gerenciamiento. No es posible que haya audiencias preliminares que admitan 300 o 700 testigos, sin exigir ni evaluar la pertinencia, la validez y la no sobreabundancia; no podemos asumir que los tribunales colegiados no deliberen porque la deliberación hace a la legitimidad de la decisión, que los jueces de tribunales colegiados actúen por separado como si fueran un juzgado unipersonal, o que las audiencias orales cuyo sentido es la presencia de las partes ante el juez de cuerpo entero sean delegadas a secretarios o empleados o directamente a las propias partes o sustituidas ilegalmente por una minuta escrita; tampoco permitir que el juicio oral se rompa en decenas de audiencias como si no tuviésemos décadas declamando la concentración y continuidad; es inaceptables que haya tribunales que demoren entre 6 meses y hasta 1 año para dar los fundamentos de sus veredictos; que los recursos de apelación se conviertan en un segundo juicio ordinario o los recursos extraordinarios en un tercero. Tampoco es posible admitir sentencias burocráticas o conceptualistas, de 50, 100 o hasta miles de páginas repletas de derivaciones que no guardan relación con el caso, cuando reclamamos lenguaje claro y acceso a la justicia.

Y es un problema cultural que hemos heredado del derecho continental europeo, que nos compromete a todas y todos, y que no es exclusivo de la justicia ordinaria ya que sobran ejemplos a nivel federal y en otras provincias, dejando de lado claro está repugnantes casos judiciales de patología institucional donde a la pésima litigación se suman intereses que comprometen la imparcialidad e independencia de los jueces, patologías de las cuales pude decirse que nuestro campo judicial y el de la mayoría de las provincias ha tomado una sana distancia terapéutica.

Viene al caso resaltar la declaración reciente de nuestra Junta Federal de Cortes que frente a hechos que comprometen la función judicial ha reafirmado los principios éticos que deben guiar a la Magistratura y función judicial, particularmente aquellos tendientes a evitar conductas que pongan en crisis la confianza que la sociedad deben tener en sus jueces, porque el Poder Judicial debe ser el último refugio de los Derechos, la Libertad y los valores republicanos. Y no se puede ejercer la función judicial de tal manera que ponga en crisis el fundamento mismo de este Poder”.

Y la cuestión no es banal, porque si no modificamos estos modos de funcionamiento, desde adentro construimos una justicia débil porque sus circuitos de trabajo y sus dinámicas de poder son las que necesitan los actores externos para influir y hacerlas funcionar al calor de las coyunturas y las políticas. He aquí una tradición que debemos revisar y varias cuestiones que debemos poner sobre la mesa de debate.

4) TRANSPARENCIA EN LA INFORMACIÓN Y DIGITALIZACIÓN.

Procurando avanzar en la necesidad de transparentar los actos del poder judicial continuamos una política de acceso a la información ya no sólo respecto a las decisiones de orden jurisdiccional sino también a los acuerdos de gobierno, habiéndose hecho extensivo el acceso también al público general, a través de página web del poder judicial.

Hemos habilitado un canal de you tube para transmitir los actos institucionales y capacitaciones.

La pandemia, paradojalmente, ha acelerado las innovaciones tecnológicas, ingresando en la actualidad de modo digital a las mesas de entradas únicas o juzgados un 85 % de los más de 13.000 escritos judiciales diarios en toda la provincia. Asimismo, se ha ampliado el sistema de Notificaciones por Medios Electrónicos con Firma Digital”, En la actualidad, se remiten electrónicamente 3100 cedulas por día (dos tercios entre profesionales y un tercio de oficio desde el órgano jurisdiccional), lo que hace un total de 670.000 cédulas anuales.

Se ha implementado el sistema de pagos web con el Nuevo Banco de Santa Fe y el Banco Municipal de Rosario. Esto facilitó el libramiento de órdenes de pago 100% on line, por una suma mayor a los 9.000 millones de pesos durante 2022.

Ya hemos logrado vincular al sistema de gestión del Poder Judicial, a otros órganos del estado tales como el Boletín Oficial, el API, las Municipalidades de Santa Fe y Rosario, el Colegio de Escribanos; el Registro de la Propiedad; y 9 Colegio de Peritos Profesionales de distintas especialidades.

Y recientemente hemos implementado a modo de experiencia piloto la digitalización plena en procesos de apremios fiscales y en los casos de las Oficinas de Procesos Sucesorios de Santa Fe y hace dos días en la de Rosario. En esta última hemos además recompuesto su estructura a través de una redistribución de recursos humanos y en base al criterio que habilita por razones de servicio a racionalizar recursos atendiendo especialmente a la carga de trabajo.

Estos avances no impiden una segunda reflexión crítica, debemos mejorar notablemente la performance del sistema especialmente hacia adentro de los operadores. En unidades jurisdiccionales con elevada carga de trabajo, enfrentamos inconvenientes de funcionamiento. En ese sentido y guiados por el objetivo de la total despapelización, debemos hacer más amigable la funcionalidad del SISFE, ampliar la capacidad de los archivos a subir al sistema y evaluar la ampliación del horario para los profesionales, cuanto menos durante los días hábiles. Debemos además generar un sistema de producción de información que nos permita visualizar, de modo amigable y en tiempo real, el estado de situación de los distintos fueros. La información y su acceso son condiciones indispensables para generar estrategias y desarrollar políticas que apunten al fortalecimiento de la independencia judicial, principal función de gobierno, y a una mejor prestación del servicio de justicia.

Todo ello nos obliga a discutir decisiones estratégicas como las relativas a incorporar programadores propios que dependan del poder judicial y que sólo lleven a tercerizar determinados servicios, de modo de recuperar para la Corte el gobierno del sistema.

En ese camino debemos darle operatividad a la Comisión para la Implementación de Nuevas Tecnologías informáticas, creada por la Corte en el año 2020 e interactuar con la Federación de Colegios de Abogados.

También estamos trabajando en dotar a la todavía joven justicia penal de un sistema informático que por diversas razones no pudo concretarse oportunamente: es una deuda pendiente y una necesidad para articular a los distintos actores involucrados. En ese camino hemos firmado hace pocos días un convenio de asistencia recíproca, sn costo alguno, con el Poder judicial de Tucumán, que cuenta con un diseño apropiado y un sistema de justicia penal como el vigente en Santa fe.

5. Probablemente uno de los mayores logros que debemos consolidar y mejorar tienen que ver con el nuevo modelo de investigación y enjuiciamiento penal y con la prueba piloto en oralidad civil ya implementada en la mayoría de los tribunales civiles de la provincia. No sólo se trata de recuperar un modelo constitucional de proceso a través de un sistema de audiencias públicas y orales sino además un modo de transparentar y dar publicidad a la función judicial y evitar una de las más graves lesiones la independencia interna por vía de ese mal endémico y naturalizado que es la delegación funcional. También es un modo de favorecer la participación ciudadana.

Sin embargo, como veremos, la reforma penal debe evitar ser neutralizada por decisiones contra reformistas, por distorsiones operativas y malas prácticas de los operadores; debe corregir muchos déficits y al mismo tiempo garantizar la plena autonomía de un actor político criminal clave, como es el MPA y a la par el SPPD; del mismo modo, la prueba piloto en oralidad debe asumirse como el principio, no como el final, sino sólo como el principio de una profunda y radical reforma de la justicia civil.

II A la hora de los reclamos, que de algún modo pueden paliar muchos de las debilidades que relacionaré, y siempre en el marco del respeto por el diálogo interinstitucional y la división de poderes, hemos relevado problemas que afectan primordialmente el acceso a la justicia de sectores desprotegidos, que obstaculizan una adecuada política judicial contra la violencia de género y la violencia familiar, que compromete tanto a las Defensorías Civiles, Oficina extrapenal de violencia y en particular la justicia de familia, así como en algunas de nuestras circunscripciones a la justicia laboral y, en algún caso puntual, a juzgados multifuero del interior de la provincia.

La falta de reformas estructurales en términos de una justicia del siglo XXI nos coloca en situaciones críticas como la que deberemos afrontar en los juzgados de Reconquista, donde quedarán sólo 2 de los 3 juzgados civiles, más la vacancia del juzgado laboral y la suspensión de la jueza de familia. No es poco, más si se repara que tramita allí el concurso más grande del presente judicial argentino.

No es este el momento de una relación circunstanciada; hemos procurado una agenda de reuniones para plantear y debatir muchas de estas cuestiones pero necesitamos ampliar y fortalecer nuestros recursos humanos primordialmente en áreas interdisciplinarias (sicólogos, asistentes sociales, sicoterapeutas, entre otros) para integrar gabinetes interdisciplinarios con proyección a los casos de familia, jóvenes, niñas y adolescentes, operadores expertos en cámara gessel, recursos calificados para equipos de evaluación de riesgos en casos de violencia, peritos en economía, informática y otras áreas que dependan del poder judicial, así como el cumplimiento de lo ya creado en la reforma laboral (Ley 13840), que es el traspaso de los cargos de jueces conciliadores, conciliadores laborales y peritos médicos.

Finalmente, no puedo dejar de mencionar, la necesidad funcional que exige la cobertura de vacantes tanto en el judicial 41 vacantes), como en el MPA 18 fiscales titulares y 54 adjuntos, el SPPD 14 cargos), los cargos del Organismo de Investigaciones y los 115 cargos de jueces conciliadores. Sabemos de los esfuerzos de los actores institucionales, pero esperamos que la dinámica electoral no impida la mayor celeridad en este cometido.

Ha llegado el momento de la reflexión sobre los problemas y los desafíos que enfrentan los poderes judiciales, sobre los caminos posibles para tener justicia santafecina abierta a la sociedad y propia del siglo XXI, aunque mis consideraciones tengan de inicio un carácter más general.

Y es aquí donde solicitaré alguna dispensa a mis colegas, en tanto cada uno de nosotros –y me parece bueno que así sea- parte de una opción valorativa que condiciona la visión de las distintas dimensiones (política, organizacional y funcional) del judicial como poder y como servicio e incluso sobre el sentido de las normas jurídicas.

Y estas reflexiones, dada mi pertenencia universitaria, obligaa a partir de un marco conceptual.

Es que ni los datos de la realidad o los saberes que pretenden explicarlo, ni mucho menos las políticas públicas que comprometen a los poderes del estado y con ello al judicial, pueden analizarse por fuera de un contexto político, económico y social y, particularmente, de la dinámica de poder en un momento determinado.

El contexto, por todos conocidos, lo marca este nuevo fenómeno de poder planetario que es la globalización, que reconoce como fuente una revolución tecnológica que es a la vez una revolución comunicacional e informática sin precedentes. Los avances científicos y tecnológicos han alcanzado niveles inimaginables, pero conviven en la actualidad con enfermedades como la tuberculosis, la diarrea o el sarampión que junto al hambre llevan muerte a miles de niñas y niños en el mundo. Tenemos la sensación, al decir de dos sociólogos brasileros, de vivir el siglo XIX y el siglo XXI al mismo tiempo.

Y al igual que la revolución mercantil o la industrial cada uno de estos momentos, explica Humberto Eco, ha generado una comprensión del mundo y un discurso legitimante y deslegitimante, con integrados y apocalípticos. No pretendo ser apocalíptico pero, en cualquier caso, y en lo que más toca a los países del margen, la más elemental manualística, europea o americana, y los datos de organismos internacionales, incluidos el propio Banco Mundial, dan cuenta de un orden caracterizado por una fuerte concentración y acumulación de capital, un desplazamiento del capital productivo al capital financiero, un fuerte proceso de exclusión y marginalidad social: disparidades hirientes, en expresión de Francisco y una pérdida de autonomía y de capacidad de intervención del estado en los conflictos de la mano del debilitamiento de la política y los partidos políticos, que han perdido su función tradicional de canalización de la voluntad de la gente al haber sido desplazados por los medios masivos de comunicación.

La pandemia del covid, con todas sus consecuencias, alguna de ellas paradojales, caracterizada por la ciencia social como un hecho social total, no ha hecho más que profundizar y visibilizar muchos de los déficits del mundo globalizado.

Por caso, con la pandemia 200 millones de personas perdieron sus empleos pero 650 ultra millonarios incrementaron su riqueza en más de un trillón de dólares.

El 1 % de la población mundial concentra más del 50% del PB mientras que el 80% de la población participa sólo del 5%; más de 900 millones de personas pasan hambre en un mundo que produce alimentos para que todas y todos seamos obesos; el dinero sucio se calcula en una cifra superior a la suma del PB de EEUU y Japón; la criminalidad de escala internacional (tráfico de drogas, armas, trata de personas) moviliza anualmente sumas billonarias en dólares que se lavan en los paraísos fiscales que gozan de buena salud en los países del norte. El 40% de las ganancias de las multinacionales, que se estima en 700.000 millones de dólares va anualmente a guaridas fiscales y se calcula en 200.000 millones de dólares la pérdida que causa la evasión reciclada a los países que la sufren (algunos pensarán de qué nos habla este juez, veremos que nada de esto es inocuo o extraño: de hecho, Argentina está en el podio y ocupa el 3er lugar en sociedades off shore en el mundo). Según el Banco Mundial hay un orden económico internacional dominado por 500 trasnacionales que controlan más del 54% del PB mundial (más de la mitad de toda la riqueza producida en el planeta).

A veces la realidad molesta pero no por ello podemos ocultarla.

Este es el mundo que vivimos. A algunos les gustará, a otros les resultará indiferente e incluso funcional pero nada de este contexto es neutro, en tanto el impacto se proyecta en todos los órdenes y ámbitos incluso en las políticas de seguridad, la política criminal, la judicial y hasta en las construcciones conceptuales del derecho que aplicamos los jueces, aquí y en toda la región.

Es la desigualdad social diría un ex presidente estadounidense, tanto que un famoso juez de la Corte de ese país del norte supo acertó en afirmar que EEUU podía tener democracia o profundas desigualdades sociales pero nunca las dos cosas a la vez.

Dentro de ese marco, y aún antes de la pandemia nos advertía Ferrajoli que asistimos a un proceso deconstituyente del derecho y de los sistemas políticos. A nivel internacional por la reivindicación de la guerra como medio de solución de conflictos y especialmente, por el desarrollo de poderes económicos desregulados y salvajes.

A nivel nacional, ese proceso deconstituyente se traduce en la crisis –tal vez histórica- de la legalidad (Nino un país al margen de la ley; Binder la fortaleza de la inquisición la debilidad de la república), en una profunda crisis de la representación, y especialmente en el fenómeno de fuerte concentración mediática y consecuente debilitamiento de los partidos políticos, así como la expulsión de los principios constitucionales del ámbito de la política.

En cualquier caso, en ese contexto tanto la política como el judicial nos muestran dos realidades atravesadas por una crisis común de legitimidad y confianza (la falta de confianza en la justicia es un veneno para la democracia supo advertir el siempre recordado Leandro Despouy, en su paso como relator especial de UN sobre independencia de los jueces).

Precisamente, se ha dicho que la calidad de la democracia depende en la actualidad de dos campos: el campo judicial y el de la comunicación. Una democracia de calidad necesita una justicia independiente y una prensa independiente. Y creo que en todos esos campos tenemos problemas. No voy a referir a los medios, sólo advertir el peligro para las instituciones que deriva de la posibilidad de acumular sin límites televisión, diarios, radios, cables, internet, redes sociales, como no ocurre en ningún país desarrollado del mundo occidental. No por compromiso, cabe -como también ocurre con el judicial- señalar que a diferencia de la banalización y marketinización de la violencia, de las opiniones livianas producto de meras especulaciones o funcionales vaya a saber a qué interés propias de otros lugares y medios de comunicación, tenemos en Rosario y, en general, en la provincia, periodistas profesionales y responsables que sin dejar de informar nos muestran también un análisis profundo y propositivo de los problemas que nos afectan. A ellos nuestro reconocimiento. Porque la seguridad también está estrechamente vinculada a la comunicación.

Y en tren de precisiones valen también otras.

Porque la justicia es un valor; de lo que debemos hablar es de los poderes judiciales y en la programación institucional argentina, dejando de lado la muy peculiar cuestión vinculada a la justicia de CABA (lugar por cierto muy particular, donde no hay campos, ni vacas, tampoco soja o trigo, ni fábricas, ni siquiera cárceles, cuenta con la policía mejor paga del país y el más alto ingreso per cápita, y hasta reciben un aumento del coeficiente de coparticipación en materia de seguridad por vía de una cautelar judicial que la justicia jamás otorgó a las provincias de San Luis, córdoba o Santa FE; un dato anecdótico a propósito de lo dicho por el papa Francisco sobre la necesidad de un federalismo sano), nuestra programación institucional reconoce dos grandes campos: la justicia ordinaria que capitaliza el más alto porcentaje de la conflictividad del país y la federal prevista para supuestos graves y excepcionales. De este modo, existen varios poderes judiciales y dentro de ellos personas con cosmovisiones diversas, todo lo cual torna impropias las generalizaciones o reducciones simplistas, a las que repetidamente acuden los medios masivos de comunicación e incluso algunos académicos que frente a cualquier decisión errada o no, de un juez en Jujuy, Neuquén o Comodoro Py, descalifican a la justicia.

Lo dicho no invalida admitir que la estructura y los modelos de organización judicial mayoritarios en el país, así como las prácticas y los discursos, los procesos de gestión y hasta los modos de litigación han quedado fuera de tiempo al no haberse transformado especialmente en el poder judicial federal, ni los fueros no penales de muchas provincias.

Esta diversidad tampoco impide reconocer que esos poderes judiciales presentan vicios y debilidades comunes; que existen patologías institucionales que degradan a la República, la división de poderes y la legalidad y que los integrantes de los poderes judiciales, tenemos serias dificultades para reconocer que la ciudadanía no confía, nos guste o no, tenga fundamentos o no, en el servicio de justicia.

Estimo que muchos de esos problemas estructurales y comunes tienen una genealogía que nos vincula;

1. A matrices históricas envejecidas institucionalmente (refiero a la dimensión organizacional de la mayoría de nuestros poderes judiciales: estructura feudal de juzgados, procesos de gestión y trabajo rutinarios y burocratizados, modos de litigación anticuados con eje en el expediente de papel o en el expediente de PDF (neo-escriturismo).

2. De otra parte, para peor, lo torcido en la justicia tiene pasado. La acordada del año 1930, dictada sin caso, para validar un facto que impuso el estado de sitio y la ley marcial, que suprimió el Congreso y destituyó al presidente democrático y popular Hipólito Yrigoyen, que encarceló a don Hipólito y hasta a su abogado defensor, lo fue a cambio de dejar intacto un poder judicial que aceptó validar la usurpación a cambio de permanecer intacto.

3. Al hecho que hasta hace unos años hubo compromiso de algunos poderes judiciales con la violación sistemática de derechos humanos durante el terrorismo de estado.

4. Más recientemente, la pretensión de colonización de sectores del poder judicial para convertirlo en un campo de lucha político partidaria y fenómenos de patología institucional que han potenciado especialmente a nivel federal, la judicialización de la política y la politización de la justicia, patologías que han merecido el cuestionamiento severo del Papa Francisco en la Cumbre Iberoamericana de Jueces de 2019.

Lo dicho abunda para justificar como debate excluyente en los tiempos que corren la necesidad de una profunda reforma judicial que permita recuperar un proyecto institucional de justicia pública y democrática no sólo en materia penal sino en todos los fueros.

Si pensamos en la justicia penal el avance a los sistemas acusatorios nos proporciona herramientas para reducir muchos de esos defectos y problemas estructurales. En general las provincias han estado a la vanguardia de estas reformas.

Entre ellas la nuestra. Hemos recuperado el modelo de justicia pública; transparentado la función judicial y terminado con el mal endémico a la independencia judicial como es la delegación de funciones (ello a través dela supresión del expediente y la implementación de un sistemas de audiencias públicas y orales); hemos perforado la base del sistema de organización con la supresión de la estructura feudal de juzgado y la organización de estructuras flexibles como son los colegios de jueces; la separación tajante entre funciones jurisdiccionales y de gerenciamiento con la creación de oficinas de gestión judicial; además se ha recuperado el MPA como actor político criminal con una nueva organización y dinámica pensado como actor central en el diseño de una política de persecución penal estratégica y no caso por caso; y una Defensa Pública entrenada y organizada a modo de gran estudio jurídico.

¿Hay problemas? Sí y muchos, no por el modelo sino por las malas prácticas, los riesgos de burocratización y también de colonización política especialmente del MPA. Tal vez hemos fallado al no pensar en una articulación interinstitucional que posibilitara un permanente monitoreo y control de gestión de la implementación.

¿Hay asimetrías? Sí, porque Santa Fe es una provincia extensa con particularidades disímiles, aunque Rosario concentra el sesenta por ciento de los casos de la provincia y tiene un promedio de setenta audiencias orales por día, en horarios matutinos y vespertinos y en días inhábiles.

Como si fuera poco, una deuda enorme: el juicio por jurados populares. A pesar que todas y todos, salvo pocas excepciones, se manifiestan públicamente en favor de la intervención del pueblo en el único poder monopolizado exclusiva y excluyentemente por abogados, al momento de decidir los proyectos no se tratan.

A pesar de todo ello, por primera vez se ha perforado, en alguna medida, la selectividad estructural del sistema penal y se ha avanzado sobre sectores y capas sociales que antes eran invulnerables. No sólo estructuras u organizaciones delictivas vinculadas a mercados y economías delictivas (generadoras –además- de niveles de violencia inusuales) e integradas incluso con sectores de la agencia policial sino también sobre sectores del poder real e incluso sobre integrantes del propio MPA.

Las amenazas y balaceras a nuestros fiscales, jueces y tribunales, únicas en la historia judicial argentina dan cuenta de ello. Sin perjuicio del reconocimiento a tantas y tantos fiscales, juezas y jueces me permito la licencia del reconocimiento a la labor de la agencia fiscal de criminalidad organizada y delitos complejos. Todas y todos han demostrado responsabilidad, independencia, idoneidad y el temple suficiente como para asumir riesgos que no cualquiera estaría dispuesto a asumir.

A nivel de la justicia penal federal, ya nadie puede seria y responsablemente negar la necesidad de una reforma en todos sus niveles y estructuras.

A 40 años de recuperada la sensatez y la vocación jurídica por la libertad, después de la noche más negra de la historia argentina, vale recordar que fue precisamente Alfonsín quién, además de diseñar la estrategia institucional que derivó en el histórico juicio a las juntas militares, advirtió ya en aquella época, y de la mano de Carlos Nino, que Argentina necesitaba una profunda reforma democrática de la justicia federal y, por otro lado, la necesidad de repensar sus estrategias de seguridad al moverse la nueva criminalidad por móviles de lucro en la forma de mercados ilegales o economías delictivas.

Lamentablemente, el contexto por todas y todos conocidos, le impidió avanzar sobre esos proyectos estratégicos y de hecho la reforma Maier sucumbió y fue desechada durante el gobierno posterior. Cuantos problemas nos hubiésemos ahorrado, especialmente en un sector de la justicia federal –tan socializada-, de haberse avanzado a un modelo acusatorio, que recién fuera sancionado en 2014 por ley 27.063 pero cuya implementación fue reprogramada ante la resistencia de esos mismos sectores.

Pero la reforma de la justicia federal exige modificar también la propia ley 27.063 para posibilitar una estructura jurisdiccional más flexible, separar nítidamente la función jurisdiccional y la de gerenciamiento y suprimir el esquema ortodoxo e inconveniente de jueces de garantía, jueces de juicio y jueces de revisión.

También se trata de reformar y actualizar el modelo de organización del Ministerio Público Fiscal. Es insostenible mantener la estructura de fiscales de la investigación, fiscales de juicio y fiscales de revisión. Es necesario recuperarlo como actor político criminal central para el diseño de una política de persecución penal estratégica y dotarlo de capacidad investigativa con recursos humanos y tecnológicos. Debe legitimarse el cargo de Procurador, discutir la periodicidad del mandato y la designación de un procurador por el mecanismo vigente o que se implemente legalmente, siguiendo en esto el antecedente de la mayoría de las provincias argentinas e incluso de CABA, cuyo fiscal general dura 6 años en el cargo. La periodicidad de los Procuradores o Fiscales Generales responde a la naturaleza y funciones propias del cargo y constituye el primer filtro o control (no el único) al poder que en los modelos acusatorios se adjudica al órgano encargado de la persecución penal.

La reforma del sistema de justicia federal demanda también repensar la integración, funciones, sistema de selección y remoción propios del actual Consejo de la Magistratura, cuyo nivel de ineficiencia no puede naturalizarse sin daño irreparable al sistema republicano. No podemos aceptar la inactividad continua de la CM y menos aún naturalizar la metafísica del juez subrogante o del juez trasladado o la generalización del modelo de subrogancias.

Y lo dicho no es extraño a esta instancia. Precisamente esos déficits institucionales son los problemas que la política nacional debe asumir, en parte, para paliar la escasa capacidad de rendimiento de la justicia penal federal con jurisdicción local, que no es responsabilidad de sus actores sino de un diseño desafortunado (una pirámide invertida) y de la permanente postergación de la implementación del acusatorio y la cobertura de vacantes. Basta señalar que luego de casi 4 años de vacancia recién en estos días la Procuración llamó a concurso el relevante cargo de Fiscal general de Rosario y también reconocer que el acuerdo político de nuestros representantes ha posibilitado la presentación y tratamiento la ley de fortalecimiento de la justicia federal.

Pero también debe debatirse necesariamente la reforma de integración y función de la CSJN, cuyo diseño y atribuciones son únicos en el planeta, en tanto ningún país desarrollado concentraría en sólo 5 personas la función de control de constitucionalidad, la revisión de cualquier sentencia de cualquier tribunal, de cualquier fuero del país por vía de arbitrariedad (algo más del 90 % ciento de los casos que resuelve), el gobierno del poder judicial y también la presidencia del CMN. ¿Puede naturalizarse que cinco o cuatro jueces, sumamente calificados en sus antecedentes por cierto, puedan igualmente estudiar y resolver casi 17.000 o más casos por año?

Seguramente no se conoce que nuestra CN no sólo es la más reducida de los países occidentales, sino que –y sin perjuicio de los distintos modelos y competencias recursivas- la más chica de toda la República Argentina.

A 40 años de la recuperación democrática todo lo expuesto nos interpela sobre la necesidad de completar, paradojalmente, la reforma constitucional de 1994 que, precisamente, derivó al acuerdo legislativo del Congreso Nacional la regulación de la mayoría de estas instituciones.

Una reforma democrática que apunte a recuperar un modelo constitucional no puede marginar el sector más relevante de los poderes judiciales: la justicia civil (incluido el fuero de familia), comercial y laboral.

Y aquí una digresión. nuestra Constitución Nacional habilita la pena y la política criminal pero no la fomenta.

Por ello la legislación penal debería ser fragmentaria y reducida, porque la pena no integra, ni cohesiona, ni estabiliza; lo cual no impide afirmar que quién comete un delito debe, previo juicio, responder y cumplir la pena.

Pero la reforma de la justicia madre es trascendental porque ella sí tiene capacidad e idoneidad para estabilizar socialmente, para resolver conflictos, pero también para dar mensajes de tolerancia social, de responsabilidad social, lo cual resulta imprescindible en la construcción de ciudadanía y de una sociedad responsable. Pero para ello debemos ver y saber qué resuelven los jueces civiles, y ello sólo es posible en un sistema de audiencias públicas y orales.

La inversión tecnológica ha resuelto muchos problemas a los litigantes, pero no ha alterado la trazabilidad de los juicios y posterga una vez al principal destinatario, las y los ciudadanos.

Con papel o PDF los sistemas de justicia civil –en general- son disneylandia de los trámites y necesitan una profunda transformación: flexibilizar sus estructuras, modificar sus procesos de gestión, cambiar los modos de litigar, transparentar y dar publicidad a sus actos.

Nosotros hemos comenzado con la prueba piloto en oralidad; debemos avanzar en esos otros tópicos y discutir la reforma procesal civil para contar con herramientas que faciliten esos cambios.

Lamentablemente ni la política, ni el judicial, ni la academia, han reparado en el impacto que la dimensión organizacional, los procesos de gestión y hasta los modos de litigación tienen en la reconstrucción del sentido de las normas y en los modos de intervención en los conflictos.

No puedo omitir aquí la incidencia de estas propuestas en la consolidación y fortalecimiento de la independencia judicial.

Sin embargo, tal vez no exista una consciencia clara interior de las instituciones judiciales, aunque muchos funcionarios y jueces la tienen, y tampoco al interior de la abogacía respecto de este papel relevante donde lo que hagamos con los Poderes judiciales no son solo problemas procesales, sino que son problemas esencialmente políticos, institucionales que tienen que ver con algo más profundo que es darle calidad a nuestra democracia.

Es que las reformas judiciales no se agotan en una cuestión normativa. Las reformas judiciales son un problema esencialmente político e ideológico; también un problema cultural. No se trata de una cuestión técnica ni mucho menos procesal y por ello hay resistencias y falta de consensos. Porque lo que estamos discutiendo es poder; una nueva concepción de ejercicio de poder hacia afuera y hacia adentro.

Es en este marco que cobra relevancia la independencia de los jueces, la comprensión de lo que llamamos la imparcialidad y la autonomía de fiscales y defensores.

Independencia que es condición de la imparcialidad y de la garantía del debido proceso y que es consustancial a la jurisdicción porque un juez independiente es una tautología y un juez no independiente es una contradicción en los términos.

Más la independencia no se agota en un concepto ingenuo del juez aséptico centrado en el microlitigio o en la visión corporativa donde se la invoca como pretexto para la defensa de derechos y a veces de privilegios; hay un concepto republicano y democrático donde destaca la responsabilidad política a través de un desempeño activo; donde la responsabilidad funcional se presenta como la contracara de la independencia y es ajena a toda concepción corporativa, en tanto el corporativismo, a partir de su aislamiento, no admite controles ni rendición de cuentas.

Independencia e imparcialidad aun contra los intereses de toda una comunidad.

He dejado para finalizar el problema que nos compromete en esta región.

Un problema complejo, el de la seguridad que obliga a algunas precisiones conceptuales. Entre ellas, la necesidad de contextualizar los fenómenos en términos temporales y espaciales. No sólo dentro del extenso territorio nacional (donde la tasa promedio de homicidios alcanza los 4.6 cada 100 mil habitantes y, a modo de ejemplo, registro en todo el 2022, 28 secuestros extorsivos en todo el país contra 227 en 2016 o 185 en 2017) sino incluso dentro del territorio provincial donde son tan diversas las realidades como que los 288 homicidios dolosos de Rosario (con una tasa de 22,6 cada 100 mil, la más alta del país), superan en mucho los 66 homicidios ocurridos en la ciudad capital, los 4 homicidios ocurridos en 2022 en Rafaela o los 2 homicidios en Venado Tuerto. No es consuelo para los rosarinos que Montevideo haya tenido en igual período 367 homicidios dolosos o, como se publica en una nota de opinión de un reconocido periodista y cientista político rosarino, que Chicago haya alcanzado una tasa de 27 cada 100 mil con casi 700 homicidios o Filadelfia llegado a 32 homicidios cada 100 mil habitantes.

Lamentablemente Rosario presenta características especiales entre las que destaca que prácticamente más del 72 % de esos homicidios están asociados a economías delictivas o de organizaciones criminales, sólo un 4,9% son en ocasión de robo, y cerca de un 80% se han cometido mediante el uso de armas de fuego, resultando que un alto porcentaje de homicidios, junto a extorsiones, balaceras y otros delitos han sido ordenados directamente desde las cárceles provinciales o federales.

Como todo problema social obviamente quiénes más resultan afectados por este estado de cosas, son los mismos sectores más desprotegidos, tanto que la violencia letal se concentra en apenas el 13 % del territorio urbano, en barrios donde predominan jóvenes desempleados a los que la cronicidad en la marginalidad junto a la falta de contención de un entorno familiar pauperizado les ha quitado toda perspectiva de futuro. Es que en una sociedad postindustrial el desempleo no es sólo un atentado a la subsistencia sino, más grave aún, a la construcción de identidad. Y esto bajo ningún punto de vista supone equiparar pobreza con delito; hablamos de exclusión y marginalidad, que es algo distinto. Por su parte, el delito, existe en todas las capas sociales, aunque se visibiliza más en sectores de menores recursos como consecuencia natural de la selectividad estructural de los sistemas penales. Una vez más las disparidades hirientes como diría Francisco.

La crisis de seguridad no es nueva, aunque tiene una marcada tendencia a agravarse y complejizarse. El delito y su control deben ser abordados en su conjunto y en término de procesos históricos. Por un lado, la policía, los fiscales y la justicia, también la cárcel; por el otro, los mercados locales de drogas, sus vinculaciones con los mercados legales y especialmente la dimensión financiera (lavado), las armas y la violencia asociada a estos fenómenos.

Pero la violencia en Rosario no se explica, como erróneamente se pretende, por el narco; no es que no haya tráfico o que no necesitemos inteligencia criminal y capacidad de respuesta de las fuerzas y justicia federales (Rosario está en un enclave estratégico entre las rutas 11, 34 y 9 y la hidrovía, para peor en un contexto de ausencia regulatoria del estado); el problema de Rosario en términos de vidas humanas, es el floreciente mercado local de menudeo de drogas, la tremenda violencia de las organizaciones que lo gerencian y los enormes déficits de una estructura policial fuera de tiempo que ha favorecido la connivencia de algunos integrantes de la fuerza comprometidos o directamente asociados a esas organizaciones criminales, tal como surge de numerosos procesos judiciales y sentencias de nuestros tribunales penales. Y aun cuando allí está la genealogía de esta complejidad, que no es nueva sino que lleva años, lo cierto es que la pérdida de hegemonía de algunas de estas bandas y las permanentes disputas territoriales violentas nos enfrenta hoy a un escenario de bandas criminales polirubros, que aprovechan su expertice en el despliegue de violencia y el fácil acceso a armas y municiones, no sólo para disputar el mercado interno de drogas sino también para extorsionar a empresarios y comerciantes, usurpar viviendas y venderlas y cometer todo tipo de delitos. En el escalón final la dimensión financiera de esta trama delictiva es clave, porque las ganancias de esos mercados ilegales no se blanquean en la cárcel ni en los barrios que más sufren la violencia. Financieras, empresas de diversos rubros reciben el rendimiento económico generado con violencia, apelando a Sociedades de Acción Simplificada, fideicomisos inmobiliarios y hasta asociaciones mutuales, según surge también de las investigaciones criminales llevada adelante por nuestros fiscales.

A este estado de cosas se llegó por falta de políticas públicas que debemos asumir como responsabilidad de los distintos poderes y especialmente de nuestras diferentes condiciones políticas.

Ello nos obliga a reflexionar sobre una nueva lógica. No se trata sólo de más policías, patrulleros o tecnología, no es –por cierto- un problema cuantitativo. Del mismo modo, tampoco podrá aprovecharse la designación de más fiscales federales si no se modifican sus procesos de trabajo, sistema de investigación y enjuiciamiento. Por su parte, y reparando en la historia, la ocupación territorial por fuerzas federales podrá traer un apaciguamiento temporario, cuanto menos hasta tanto permanezcan, pero es ese el tiempo urgente que debemos aprovechar para ajustar muchas variables que nos competen a los poderes públicos y a los actores políticos e institucionales de la provincia, fundamentalmente para construir más estado, más institucionalidad porque sólo con un estado fuerte, con instituciones fuertes y con decisiones políticas de consenso podremos afrontar el desafío que tenemos por delante.

Asumir cabalmente que con el dolor y el sufrimiento de los rosarinos no se pelean los votos.

Y esto nos exige mucha generosidad y solidaridad, especialmente con nuestras víctimas y sus familiares y con todas y todos las y los santafecinos. No pretendo ser autoreferente pero recuerdo una nota en un medio de gran circulación local, el 3 de febrero de 2013: “la política partidaria y los poderes estatales debemos admitir la gravedad del problema y generar acuerdos por fuera de la agenda electoral, con una vigencia temporal que vaya más allá de tal o cual gobierno. Pero un acuerdo presupone compartir el diagnóstico y elaborar un programa claro y perdurable” (paradojalmente ese año 2013 registro una tasa de 270 homicidios cada cien mil habitantes).

Este es el camino, el único posible, y nos remonta necesariamente a la política.

En ese contexto, destaco el diálogo interinstitucional que se ha generado, las iniciativas del gobierno provincial, la necesidad de dar operatividad como se viene haciendo a la junta de seguridad, el acuerdo político para el fortalecimiento de la justicia federal, las iniciativas y trabajos que el gobierno municipal ha aportado y compartido y que viene realizando en el marco de su competencia, así como la creación de la agencia municipal y especialmente de una agencia de la UIF en Rosario que deberá rápidamente articular para generar una gran base de cruzamiento de datos y trabajar coordinadamente con fiscales provinciales y federales. N podemos perder de vista que la violencia es también un negocio.

De nuestra parte hemos instado a la diversas agencias a trabajar coordinadamente, mejorar la capacidad investigativa, producir capacitación y fortalecer el equipamiento criminalístico para mejorar la calidad y resultados de las investigaciones.

También nos hemos reunidos con el rector de la UNR y tenemos pendiente articular con la UNL; el aporte de nuestras universidades, como centros naturales de producción de conocimiento, es vital; es que no podemos prevenir lo que no conocemos y uno de los grandes déficit en materia de seguridad ha sido la falta de investigación de campo no sólo en términos cuantitativos sobre lo que hoy hemos avanzado bastante sino también en términos cualitativos. Quiero destacar que, si bien la UNL ha comenzado hace unos años un ciclo de complementación en Licenciatura en seguridad, en un esfuerzo conjunto de las dos universidades estatales de la provincia, se está trabajando en la implementación de una Diplomatura en seguridad, mientras el rector de la UNR ha manifestado la intención de priorizar dentro de los programas de investigación el problema de la seguridad en la región.

Y como dije la necesidad de construir una fuerte institucionalidad nos lleva necesariamente a la política y allí –y más allá de las responsabilidades del estado nacional y de la situación de la justicia federal- existe una amplia agenda pendiente que va desde la necesidad de la reforma constitucional provincial (una de las 2 no reformadas), la reforma policial, la creación de una policía de investigación dependiente de los fiscales como parte de aquella reforma, la garantía de plena autonomía al MPA que ha sido legislativamente debilitada, las intervenciones e inteligencia en el sistema penitenciario, la modificación del sistema de integración de los jurados para la selección de los responsables del MPA y el SPPD para garantizar la mayor idoneidad y expertice en dos instituciones claves y la necesidad de adoptar completamente el modelo constitucional mediante la implementación del juicio por jurados populares, sobre cuya habilitación ya no quedan dudas a la luz del fallo Canale de la CSJN.

Sin embargo, todo ello y muchas otras necesidades e iniciativas que por razones de tiempo no podemos desarrollar, para enfrentar esta crisis del gobierno de la seguridad, que nos obliga a recuperar el control del territorio, pacificar los barrios, reducir daños, no puede eludir reflexionar sobre la inconveniencia de pensar los problemas sociales (como la inseguridad) sólo desde la lógica de la intervención punitiva; no sólo por el compromiso con la ampliación de derechos y ciudadanía, con una sociedad más justa e igualitaria sino porque la solución punitiva ya ha colmado nuestras cárceles en un 90% con jóvenes y adultos de entre 18 y 30 años, generado hacinamiento y sobrepoblación carcelaria por encima de los estándares internacionales y con responsabilidad internacional del estado. Paradojalmente, la conflictividad es cada vez mayor y más compleja. Como si fuera poco, este crecimiento exponencial de la tasa de encierro ha generado otro problema para la seguridad, precisamente, en el gobierno de la cárcel y en la protección de los derechos.

Quiero finalmente transmitir que no hay ninguna lucha perdida en nuestra provincia y en nuestra ciudad, ni tampoco vamos a resignarnos ante la dinámica de un año electoral. Nos afecta, nos preocupa y nos ocupa un grave y complejo problema pero todas y todos los santafesinos y en particular los rosarinos estamos dispuestos a cambiar el presente. Rosario necesita de todas y todos, de los distintos niveles de los poderes públicos, de todos los espacios políticos, de nuestras universidades, entidades intermedias y organizaciones sociales.

Reconocer el problema es el presupuesto necesario para diseñar estrategias que apunten a su solución. Reconocer la complejidad, nos permite descartar soluciones simplistas y demagógicas que no solo no lo resuelven, sino que desestimulan la búsqueda de soluciones reales.

Por ello, el plan de acción debe necesariamente ajustarse al mandato constitucional y a ese pilar básico de la democracia argentina que, con el consenso multipartidario, institucionalizó las leyes de defensa nacional, de seguridad interior y de inteligencia, advirtiendo que la violación de cualquiera de ellas pone en riesgo la estabilidad democrática y que la apelación excluyente a las instituciones de la política criminal y, peor aún, la eventual militarización de la seguridad, nos coloca en el riesgo cierto de comenzar a caminar hacia el precipicio.

El sociólogo brasileño Michael Misse, quién se dedicó por años al fenómeno de la violencia, constató que las personas más expuestas a la violencia, infringiéndola o padeciéndola, son víctimas de una acumulación social de desventajas y si no trabajamos para moderar estas desventajas no habrá motivos para que la violencia cese.

En fin y por fin, la interpelación no es sólo a la política que debe recuperar el estado para la política, recuperar la democracia con partidos políticos no mediáticos; también es para el aparato judicial y del mismo modo para el campo académico, en tanto necesidad de repensar nuestros saberes y doctrinas, ñara construir la nueva institucionalidad del siglo XXI.

Como dijo el papa Francisco en el mensaje que dirigiera a la Asociación de Magistrados de Italia: “SIN JUSTICIA, TODA LA VIDA SOCIAL PERMANECE ATASCADA, COMO UNA PUERTA QUE YA NO PUEDE ABRIRSE, O TERMINA POR CHIRRIAR Y CRUJIR, EN UN MOVIMIENTO FARRAGOSO”

De este modo y haciendo propia la invocación de nuestros constituyentes declaro formalmente inaugurado el presente año judicial.

MUCHAS GRACIAS.

Rosario, 15 de marzo de 2023.